por Yojaibeth Añez | Movimiento de Inquilinas e Inquilinos
Con cerca del 90% de la población en ciudades, Venezuela es el país más urbanizado del hemisferio. Sin embargo, este proceso de urbanización, que es correlativo al recambio del viejo modelo agroexportador, prevaleciente en el país desde el siglo XIX, al modelo rentista petrolero, expresa profundas desigualdades e injusticias: más del 60% de la población urbana vive en barrios autoconstruidos, sin seguridad jurídica de la tierra que ocupan, habitando zonas vulnerables y con servicios deficitarios, cerca de 2 millones de familias no cuentan con vivienda, y aproximadamente 4 millones de personas viven en situación de inquilinas, en condiciones de desprotección legal. En Venezuela, como en el resto del mundo capitalista, la vivienda y la ciudad son una mercancía costosa negada a las grandes mayorías.
En el marco del modelo económico rentista petrolero, las operaciones urbanas han sido el mecanismo principal de transferencia de renta del estado (quien se hace con las ganancias petroleras) al capital privado, sea por vía de las inversiones estatales en infraestructura y vivienda, por la especulación inmobiliaria y la renta diferencial del suelo, o por la intermediación bancaria de los ahorros e inversiones urbanas, produciendo un capital parasitario del estado y acentuando la desigualdad, pues toda inversión pública produce un mayor enriquecimiento de la burguesía urbana.
Adicionalmente el carácter especulativo que adquiere el capital global durante las últimas décadas, replegándose de la actividad productiva, ha favorecido el negocio urbano, convirtiendo en mercancía todos los aspectos cruciales para la vida (recreación, afecto, ocio, etc.) y encareciendo aún más el precio del suelo, la vivienda y los servicios urbanos.
Por esta razón en Venezuela, que a diferencia de otros países de la región nunca completó el proceso de sustitución de importaciones e industrialización, y por lo que no contó con una clase obrera industrial extendida y fuerte, desde la aceleración del proceso de urbanización acelerada, las luchas urbanas y los sectores excluidos de la ciudad han tenido una gran relevancia. En un primer periodo, en las décadas de los años 60 se producen los primeras ocupaciones de tierra por parte de aquellos que, siendo expulsados del campo, llegaron a la ciudad a participar en un proceso de producción urbana que no los incluía a ellos. Nacen así los grandes barrios (villas o favelas) que congregan a más de la mitad de la población, y que son el índice más evidente de la exclusión urbana y de las desiguales condiciones de acceso y ocupación en la ciudad, pero a la vez expresan las luchas de resistencia popular frente a la segregación urbana y de desarrollo de modos alternativos de ocupación del espacio y de socialidad. Por una parte los barrios desnudan el rostro de la exclusión de la ciudad capitalista, pero también son el heraldo de la lucha por el derecho a la ciudad y de construcción de otras formas de vivir en ella.
Durante ese mismo periodo, se producen también movilizaciones de otros sectores urbanos en contra del desarrollo urbano salvaje, con su efecto depredador del ambiente, colapso de los servicios, destrucción de espacios públicos y áreas verdes, hacinamiento, etc.
Las siguientes décadas son de lucha por la mejora en las condiciones de vida urbana. Una vez lograda la radicación en el territorio, resistiendo a los intentos de desalojos, los barrios se organizan para conquistar los servicios, garantizar educación y cultura, mejorar las viviendas, etc., arrebatando con la lucha lo que el negocio urbano negaba a las grandes mayorías.
En los finales de la década de los 80, cuando el modelo anterior entra en crisis, se repliegan las inversiones en el estado y se desestructura la débil clase obrera existente, ahora desempleada y replegada en el territorio, reaparecen con fuerzas las luchas populares urbanas en resistencia al nuevo modelo neoliberal y en reclamo de mejores condiciones de vida urbana: luchas contra los desalojos, en defensa del uso popular de los servicios públicos (las movilizaciones populares contra el aumento del transporte o por mejoras en el servicio del agua), por la vivienda, etc. No será casual que el acontecimiento más relevante de protesta popular en la historia reciente, el Caracazo de febrero de 1989, hay tenido como lugar los barrios populares y como sujeto a sus pobladores y pobladoras. Tampoco que el apoyo más importante al emergente dirigente de los militares patriotas, Hugo Chávez, y a su propuesta de cambio político, haya descansado en estos mismos sectores. Los pobladores y pobladoras de la ciudad y sus luchas, se convierten en un sujeto fundamental tanto en la reivindicación de sus intereses, como en el proceso político que vive Venezuela en los años posteriores.
Es en ese contexto en que aparece el Movimiento de Pobladoras y Pobladores, como instrumento de lucha popular por la revolución urbana, que articula tanto la lucha de los habitantes de los barrios (a través de los Comités de Tierra Urbana), de las familias sin techo (a través de los Campamentos de Pioneros y Pioneras, y del Movimiento de Ocupaciones), de los inquilinos (organizados en el Movimiento de Inquilinos y otras organizaciones) y las y los Trabajadores Residenciales (que participan por medio de la organización “Conserjes Unidas y Unidos por Venezuela”), entre otros sectores, luchas y organizaciones. Nos entendemos, en suma, como un bloque de las clases populares por el derecho a la ciudad, contra las relaciones mercantiles y expulsoras en la producción urbana, y por la construcción del socialismo.
El movimiento de Pobladores y Pobladoras es el resultado de un proceso de cerca de 10 años de lucha, articulación y construcción de políticas sobre la vivienda y la ciudad, que apuntan al socialismo como horizonte estratégico, y articula a distintos sectores y movimientos que coincidimos en la reivindicación del derecho a la ciudad y en nuestra condición de explotados y explotadas del capitalismo y excluidos y excluidas por sus dinámicas urbanas.
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